Las consecuencias de la incorporación masiva de la mujer a la vida laboral han sido importantes para la organización familiar. En primer lugar porque los ingresos de la mujer han pasado a enriquecer a las familias. Los análisis de los años 1980-1990 muestran una característica en relación con las rentas familiares. Curiosamente es en los extremos del nivel de rentas en el que existen más mujeres trabajadoras, es decir, que la mujer trabaja más cuando el marido lo hace en niveles de rentas extremadamente bajas o, al contrario, en rentas muy altas. Esto parece significar que en el primer caso trabaja por necesidades económicas y en el segundo, por el aumento del nivel educativo que ha alcanzado. Sea como fuere, su trabajo ha sido, desde el punto de vista económico, algo positivo para la familia en esta década.

Desde el punto demográfico, las consecuencias son complejas. La familia ha sufrido una transformación pues uno de los efectos del trabajo de la mujer ha sido la caída de la fecundidad. Se ha pasado de 2,8 hijos por mujer en 1975, a 1,17 en 1997, una cifra que resulta muy inferior a la de 2,1 que se considera como necesaria para mantener el tamaño de una población. Junto al incremento de la mujer en la participación activa laboral y otras variables como el retraso en la edad de contraer matrimonio o la prolongación en los niveles educativos, se explica este hecho, según experto como Alfonso Alba (1), por la ausencia de políticas familiares durante la Transición democrática. No se alentó ninguna medida que paliase los problemas surgido en relación con el cuidado del hogar: atención a niños pequeños, a enfermos, ancianos, etc., haciéndose la vida de la mujer más difícil, o bien obligándola a cambiar sus elecciones familiares. Incluso los movimientos feministas la han ignorado y con frecuencia denigrado al tachar a la familia de ser una institución conservadora, asociada a los postulados del franquismo.

La despreocupación política por la familia se produjo en un momento económico negativo. La inflación de vida en España desde 1975, fue erosionando las ayudas familiares que se habían instaurado durante el franquismo. A ello se añadió la supresión de algunas medidas que se consideraron contrarias a la Constitución, como era la asignación mensual por esposa a cargo, que fue suprimida en 1985. Las pocas acciones realizadas en España a favor de la familia fueron la aplicación de una rebaja de la reforma fiscal en 1978 y una nueva regulación de las categorías de familia numerosa, con los beneficios correspondientes, a partir de los tres hijos.

Si el descenso de la fecundidad ha sido general en Europa, en España se ha producido de una manera drástica: en 1972 era el país con mayor fecundidad de Europa y en 1996 era el de tasa más baja. Este fenómeno hace que peligre el reemplazo generacional. Sólo cuando el INE publicó los datos provisionales sobre la fecundidad y la ONU las proyecciones de población, se comenzó a interesar la opinión pública en la evolución de la natalidad. La baja tasa de fecundidad -1,07 hijos por mujer- y el acelerado proceso de envejecimiento hicieron que se crease un clima de preocupación en España. A través de la política familiar se pretende llevar a cabo, mediante las cotizaciones y las prestaciones familiares, una redistribución de la renta en función del número y de la edad de hijos. Se trataría de una redistribución calificada como horizontal con objeto de disminuir la desigualdad existente entre familias que tengan un mismo nivel de ingresos y diferente número de hijos.

Niños viendo un programa de televisión

Se comenzaron a dar tímidos pasos sobre la política familiar a través del IRPF en el que se introdujo el concepto de "mínimo personal y familiar" y unas medidas de apoyo al fomento de la natalidad. Sin embargo, ambas fueron económicamente poco significativas pues se arrastraba un déficit de política de apoyo a la familia.

En 1996 el Congreso de los Diputados aprobó la creación de una ponencia para estudiar la situación de la familia. En ella se instaba al Gobierno a que se impulsase una política integral de apoyo, que pasase por conseguir una conciliación entre la vida laboral y las responsabilidades familiares. Se pedía la ampliación de la red pública de guarderías, la aplicación de deducciones fiscales por nacimientos, la concesión de ayudas a los padres por los gastos ocasionados por el cuidado de los hijos y que las empresas que proporcionen servicios para el cuidado de los hijos de los empleados, etc. Sin embargo, lo que no se mencionaba era la aplicación de la política existente en otros países de Europa: la asignación universal por hijo nacido. En 1999 el Senado ha emitido un informe sobre la inserción de la mujer en el mundo laboral en el que se recomienda facilitar la educación y el cuidado de los niños hasta los tres años. Los estudiosos piden el aumento de plazas públicas de guarderías, las subvenciones a centros privados, los subsidios generalizados por nacimientos, independientemente de la renta familiar y de la situación laboral de los padres, etc.

Otra cuestión es la que se refiere a los permisos de maternidad. Para sustituir a trabajadores en situación de baja maternal, se establecen bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social en los contratos de interinidad de personas en paro. En 1999 se aplican las directivas europeas en relación con los permisos de paternidad que, en algunos casos, aumenta los niveles mínimos de protección previstos por la ley española. Se amplía el derecho a la reducción de jornada y excedencia a los trabajadores que tengan que ocuparse de personas mayores y enfermas, en línea con los cambios demográficos y el envejecimiento de la población. Falta, de todos modos, una política integral de la familia, que abarque la atención de los hijos desde el periodo de nacimiento al de la escolarización. Lo que con frecuencia se ha producido es la consolidación de la doble jornada por parte de la mujer.

En España, la política social sigue estando en deuda con las mujeres, por lo que se estudian medidas de asistencia a la familia: aumento de plazas públicas para el cuidado de los niños, subvenciones a centros privados de niños y escuelas infantiles, subsidios por el nacimiento de los hijos, apoyo a las familias que optan por cuidar a los hijos pequeños en casa y ayudas de carácter universal, independientes del modo que se elija para hacerlo efectivo.

Algo que no ocurre en el resto de Europa occidental, dónde países fuertes como Alemania o Francia, han fomentado la política familiar aplicando, entre otras medidas, una asignación económica por nacimiento de hijo, como se muestra en la siguiente tabla:

% PIB EN LA RAMA FAMILIA 1997

País	% PIB en la función familia
Bélgica	2,4
Dinamarca	3,9
Alemania	2,9
Grecia	1,9
España	0,4
Francia	2,9
Irlanda	2,2
Italia	0,9
Luxemburgo	3,2
Holanda	1,1
Austria	2,9
Portugal	1,1
Finlandia	3,7
Suecia	3,6
Reino Unido	2,4
UE-15	2,3

Voces autorizadas defienden que las políticas que persiguen realmente la igualdad de oportunidades deberían ir unidas a las políticas familiares, de lo contrario, el resultado inevitable es el descenso de la fecundidad. Las políticas públicas han facilitado muy poco la incorporación laboral de la mujer en la España democrática pues, aunque la finalidad de la política familiar sea la protección de la familia, indisolublemente ligada a ella se encuentra el objetivo de permitir que la mujer pueda llevar a cabo la realización de su proyecto vital sin que se vea obligada a plantearse la disyuntiva entre ser madre o trabajar.